El corazón del Estado desarrollista. Un Centro Cívico para San José, Costa Rica (1955-1977)

Universidad de Costa Rica
Escuela de Arquitectura
San José, Costa Rica

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Introducción: intenciones y conceptos^[1]

Entre 1945 y 1975, dos nuevas generaciones de arquitectos y urbanistas latinoamericanos se volcaron con entusiasmo hacia las posibilidades proyectuales del Movimiento Moderno, encontrando en sus principios formales y funcionales un marco idóneo para imaginar formas renovadas de habitar la ciudad (Arango, 2012). Dentro de este impulso transformador, adquirieron especial relevancia tres tipos de intervenciones: la unidad habitacional, concebida para atender de manera masiva el déficit de vivienda, especialmente para las poblaciones pobres y migrantes rurales; la ciudad universitaria, que funcionaba como enclave educativo y polo de formación intelectual de los países; y el centro cívico, pensado como manifestación espacial de los nuevos órdenes estatales. Estos proyectos condensaron una voluntad modernizadora e industrializadora (Almandoz, 2018), a la vez que materializaron una visión de la arquitectura y el urbanismo como instrumentos de cohesión social, de ritualización de las jerarquías y de expresión teatral del poder (Balandier, 1994).

Considerando lo anterior, este artículo tiene por objetivo analizar las tres propuestas de creación de un Centro Cívico en San José, Costa Rica, elaboradas entre 1955 y 1977 por distintos equipos liderados por el ingeniero urbanista Eduardo Jenkins Dobles, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Para esto, se examinan los objetivos, características y alcances de estos proyectos desde una perspectiva arquitectónica, tanto en su dimensión formal como política. A partir del análisis de fuentes históricas del Archivo Nacional (ANCR) y de la Biblioteca Nacional (SINABI), se estudian estas iniciativas que pretendían centralizar edificios de instituciones gubernamentales y, simultáneamente, expresar el poder político del nuevo Estado desarrollista, promoviendo una modernización urbana acorde con los principios del Movimiento Moderno y del urbanismo funcionalista. Aunque no se construyeron en su totalidad, las propuestas revelan las relaciones entre Estado, espacio y poder en un momento clave de la historia costarricense.

El artículo se inscribe en la línea de reflexión acerca del carácter de dichas relaciones a mediados del siglo XX en América Latina. Las políticas de modernización en Caracas, Venezuela, por ejemplo, muestran que la promesa de “entregar la modernidad” legitimó la demolición de barrios informales y el desplazamiento de sus habitantes a edificios de viviendas modernas. También, posicionó a la arquitectura como un dispositivo espectacular de legitimación que articulaba política, economía y cultura visual para proyectar la imagen de un Estado sólido (Blackmore, 2017). En Ciudad de México, la emergencia de un “Estado exhibicionista”, a través de pabellones, museos, estadios, paseos y esculturas, construía un relato mediático de prosperidad y armonía política para insinuar que el país había alcanzado el mundo desarrollado en un contexto de ejercicio de la violencia (Castañeda, 2014).

Otro ejemplo, tal vez el más radical, lo encarna la utopía de Brasilia, basada en un nuevo imaginario de sociedad. El plan maestro de la nueva capital brasileña, presentado como natural mediante referencias a antiguas ciudades sagradas, sirvió para legitimar una intervención estatal de gran alcance y el disciplinamiento de la vida urbana. La arquitectura, concebida como monumento, el paisajismo como una lucha contra la naturaleza indómita y el urbanismo orientado a la estricta separación tecnocrática de funciones urbanas, evidencian cómo la modernidad estatal convirtió el espacio en un artefacto de representación y control en el intento de eliminar formas consideradas “desordenadas” y “espontáneas”, a la vez que generó múltiples formas de resistencia (Holston, 1989).

El artículo se divide en cuatro secciones. En primer lugar, se explora la consolidación temprana del Estado costarricense a través de la conformación de dos conjuntos edilicios en San José, que funcionaron como escenografías cívicas y ejes de prestigio urbano entre mediados del siglo XIX y principios del XX. En segundo lugar, se contextualizan las transformaciones estatales posteriores a 1948 y sus implicaciones territoriales, destacando la planificación funcionalista y la adopción del lenguaje del movimiento moderno como nueva forma de representación del poder. En tercer lugar, se analizan las tres propuestas de centro cívico, identificando sus componentes y sus relaciones con algunas tendencias urbanísticas de la época. Finalmente, se sintetizan las implicaciones políticas, simbólicas y materiales de estos proyectos, reflexionando sobre su relevancia en el pasado y presente de San José.

Nodos cívicos de la primera república costarricense

La primera transformación urbana de San José, tras su conformación como una pequeña y tardía ciudad virreinal, inició con la construcción de los primeros edificios que albergaron las instituciones estatales a mediados del siglo XIX (Vega Carballo, 1981). Esta se llevó a cabo en un nodo originario de la ciudad, alrededor del cual se construyeron, en las décadas de 1850 y 1860, el Palacio Nacional (1855), el Palacio Presidencial (1869) y el Cuartel y la Plaza de la Artillería (1870). Este conjunto edilicio, junto con la Catedral (1827) y la Plaza Central (1825) formaron el primer nodo cívico de San José, conjunto en donde se consolidó no sólo una capitalidad sino una idea de Estado-nación, y mediante el cual se diseminaron valores cívicos a través de la exposición de rituales militares (Figura 1) y otras actividades políticas y religiosas (Quesada Avendaño, 2007).

A partir de la década de 1870, parques, bulevares, monumentos, ensanches y estaciones de ferrocarril irrumpieron como espacios civilizatorios del Estado liberal que implementó una ideología social e higienista de orden y progreso (Sanou Alfaro, 1999). Paulatinamente, tras la construcción del Parque Morazán (1892), el Parque España (1920), el Paseo de las Damas (1870), el Parque Nacional (1895) y la Estación del Ferrocarril al Atlántico (1890) (Quesada Avendaño, 2007), se fue conformando, al noreste de San José, un segundo nodo cívico de mayor extensión (Figura 2). De hecho, aunque las sedes de dos poderes de la República permanecieron en el primer nodo cívico, a partir de 1918 la Casa Presidencial se ubicó sucesivamente en tres edificios, construidos en este nuevo sector: el Castillo Azul (1917-1920), la Casa Amarilla (1920) y la Casa de Tomás Guardia (1920-1978).

La fotografía de la celebración del centenario de la independencia (Fotografía 1), tomada por Manuel Gómez Miralles, fotógrafo oficial de algunos presidentes costarricenses, evidencia las maneras en las que estos parques, paseos y monumentos públicos propiciaban un orden cívico, una idea de progreso y una concepción homogénea de identidad nacional ligada a las élites blancas y burguesas que operaban el Estado liberal (Fumero Vargas, 2021). Estas élites, al tiempo que se enriquecían a través de la agroexportación, la importación de mercancías y la administración bancaria, forjaban estrechos lazos comerciales y culturales con las sociedades industriales a las que admiraban e imitaban como ejemplos de la cúspide del mundo occidental (Salazar Mora, 1990; Rovira Mas, 2020).

Crisis, guerra y resignificación urbana en la Segunda República

El modelo liberal atravesó, desde principios del siglo XX, un proceso de desestabilización. Este alcanzó su punto crítico en la década del cuarenta (Molina y Palmer, 2017; Aguilar Hernández, 2015; Rovira Mas, 2020), culminando con la denominada Guerra Civil de 1948 y la instauración de la llamada Segunda República costarricense, la cual, según José Figueres Ferrer, líder del movimiento revolucionario, se distinguiría del modelo liberal por: (1) la introducción de la técnica en la administración pública a través de especialistas científicos de diversas ramas; (2) el progreso social sin comunismo que se opondría tanto al “liberalismo manchesteriano” de la Primera República que estimulaba el lucro individual y el abandono de la economía, como al comunismo “dictatorial y retrógrado”, y (3) el fortalecimiento de la participación nacional en círculos de cooperación internacional (Figueres Ferrer, 1987, pp. 253-259).

Para esta nueva República costarricense, situada en la posguerra, los valores políticos se integraron con estilos arquitectónicos y paradigmas de planificación urbana: por un lado, el lenguaje edilicio del Movimiento Moderno; y, por el otro, una zonificación estricta por medio de la separación de usos y la adopción de la idea de una “ciudad máquina”, influenciada por los principios del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), que fue institucionalizada en 1954 a través del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), ente rector en materia de planificación territorial y desarrollo habitacional (Vives, 1998). Así, el Estado, y a la cabeza el Partido Liberación Nacional^[2], partido fundado por Figueres Ferrer, emprendió una tarea desarrollista y modernizadora, poniendo en práctica programas, materialidades, tecnologías y técnicas en el diseño de nuevos proyectos en San José, que además promovieron transformaciones a escala regional y nacional (Sanou Alfaro, 2001).

Este modelo buscaba una expansión intervencionista que facilitara la diversificación económica, la construcción de infraestructuras viales y energéticas, y la integración de los diferentes territorios (Vargas, 2003). También, velaba por la materialización de las necesidades de reproducción del capital a través de la vivienda social, educación universitaria, seguro de salud pública y banca estatal que fortaleciera la pujante clase media, incorporada en un mercado laboral formal (Rovira Mas, 2020). En este contexto se impulsaron tipologías urbanas y arquitectónicas ampliamente difundidas por el urbanismo moderno y el discurso de los congresos CIAM, materializadas en proyectos como la Ciudad Universitaria de la Universidad de Costa Rica (1952–1953), la Unidad Vecinal Hatillo Nro. 1 (1956), el Centro Bancario (1956), que resignificó el primer nodo cívico, y, de particular interés para este artículo, el Centro Cívico Nacional (1955)^[3].

Un corazón, los tres proyectos de centros cívicos para San José

La idea de erigir un conjunto que agrupara las instituciones estatales fue elaborada inicialmente por el urbanista suizo Anatole A. Solow, quien llegó a Costa Rica como representante de la Unión Panamericana en 1948 y a petición de integrantes de la Municipalidad de San José para realizar un informe titulado Proyecto para el desarrollo urbano de la capital de Costa Rica. Su idea, reminiscente de teorías urbanas que estaban en boga durante la primera mitad del siglo tanto en Europa como en Estados Unidos de Norteamérica, se fundamentó: (1) en las metáforas orgánicas para la interpretación de la ciudad; (2) en la condición patológica de deterioro del corazón o centro histórico, y (3) en el potencial del “desarrollo planificado” (Solow, 1948, p. 14). Según Solow (pp. 29-30), la necesaria zonificación funcional de la ciudad exigía la creación de un área gubernamental (Figura 3).

Primera propuesta: resignificar el segundo nodo cívico

Dicha área gubernamental sugerida por Solow, identificada como el “Área B”, se diseñó y detalló por primera vez en 1955 gracias a la iniciativa del ingeniero costarricense Eduardo Jenkins Dobles, jefe del Departamento de Urbanismo del recién fundado INVU. Jenkins Dobles, cercano a Solow como se muestra en diversas noticias y reportajes de la época, fue quien lideró a un equipo compuesto por Fernando Marín Chinchilla, ingeniero urbanista, Fernando Rojas Brenes, ingeniero civil, y Eugenio Gordienko Orlich, arquitecto, en la realización de la primera propuesta de un centro cívico para San José (Jenkins Dobles, Marín Chinchilla, Rojas Brenes y Gordienko Orlich, 1955, p. 1).

En su primer documento, titulado El Centro Cívico de San José (1955), se recuperan argumentos funcionalistas de Solow: las ventajas que este complejo brindaría eran agilizar los trámites estatales concentrando edificios, facilitar la destrucción de infraestructura en mal estado, recuperar las zonas con potencial para la inversión y reactivar las comerciales del centro. Sin embargo, también se describen sus intenciones estéticas, como que “los […] centros cívicos tuvieran prelación por el deseo de los gobernantes de impresionar a ciudadanos y visitantes con magníficos conjuntos de edificios y monumentos desplegados alrededor de hermosos parques y servidos por majestuosas avenidas” (Jenkins Dobles et al., 1955, p. 1); este pasaje puede remitir, aunque de forma indirecta, al lenguaje formal de los complejos cívicos del movimiento City Beautiful^[4].

El segundo documento, titulado Ante-proyecto de Centro Cívico para la ciudad de San José (1956), profundizó las descripciones textuales de la propuesta y se acompañó de un plano general (Figura 4) y una perspectiva aérea dibujada por Rafael Zeledón Castro (Figura 5); sin embargo, se advierte que:

Las ideas arquitectónicas que se muestran deben considerarse únicamente como sugerencias preliminares. No se ha hecho intento alguno, todavía, de definir las masas de los diversos edificios. Si el ante-proyecto se aprueba y para efectos de información al público se prepararán otras perspectivas (Jenkins Dobles, Marín Chinchilla, Rojas Brenes y Gordienko Orlich, 1956, pp. 6-7).

Es decir, esboza un esquema inicial orientado a presentar la lógica general de emplazamiento, las relaciones espaciales entre los edificios y la organización del conjunto cívico, dejando para etapas posteriores la definición formal y volumétrica de las edificaciones.

A pesar de su cualidad esquemática, esta propuesta estableció tres principios de diseño recurrentes en los proyectos de centros cívicos josefinos: i) la ubicación sobre una gran parte del segundo nodo cívico (Figura 12, p. 18); ii) su conformación en forma de “L” o “T”, que se crearía en la intersección entre el Paseo de las Damas y la calle 17, y iii) su intención por mantener en pie una buena parte de los edificios construidos en la época liberal; en este caso, a excepción de la Biblioteca Nacional, la Fábrica Nacional de Licores y el Colegio de Sión.

Puede decirse que este centro cívico estaría conformado por tres complejos: uno alrededor del Parque Nacional, otro en torno al Parque España y un tercero en el extremo sur, al final del paseo sobre la calle 17. En el primero se ubicarían, por sus relaciones funcionales, los ministerios de Seguridad Pública y Gobernación, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral. Para este conjunto se proyectaba una nueva Asamblea Legislativa, que reemplazaría al Palacio Nacional, aún en funcionamiento en 1956. Según el documento, esta se ubicaría sobre el Parque Nacional, “aunque sea necesario vencer cierta natural oposición” (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 2). No obstante, la perspectiva contradice el plano, pues en este último el edificio no se sitúa sobre el parque, sino frente a él. La Asamblea Legislativa ocuparía un lugar simbólico frente al Monumento Nacional, en la intersección entre el Paseo de las Damas y la calle 17, y contaría con “árboles y jardines colgantes, estatuas, fuentes y otros ornamentos” (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 2).

También se proponía remodelar la Casa Presidencial, que por diversos factores aún seguía en construcción, sus obras habían iniciado en 1939, en el suroeste del Parque Nacional y debía “aceptarse como un hecho consumado” (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 3). La intervención buscaba reemplazar su aspecto “de cuartel”, modernizar su fachada y mejorar su distribución interna, además de mantener libre el terreno ubicado al oeste para hacerla visible (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 3)^[5]. Ambos edificios, Casa Presidencial y Asamblea Legislativa, reemplazarían los demolidos con motivo de la creación del Centro Bancario de San José, proyecto en el que también participó Jenkins Dobles y que se pensó en el primer nodo cívico (Figura 2) mediante la incorporación de edificios de concreto armado y vidrio, sin ornamentos y con elevadores para acceder a sus numerosos niveles.

En el segundo complejo, se ubicarían la Biblioteca Nacional, al este del Parque España, y los ministerios de Educación, de Trabajo, de Economía y de Relaciones Exteriores. Acá es llamativo el cambio de uso propuesto para el Edificio Metálico, pues hospedaría al Ministerio de Trabajo, y la mención a la construcción de un Monumento a la Revolución al frente o bien “en la propia torre para almacenar libros” (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 35); de hecho, en la perspectiva, la torre muestra un indicio de integración plástica a través de un mural, componente característico de los complejos urbano-edilicios del Movimiento Moderno (Giedion, 1944, p. 557). La influencia de dos tradiciones urbanísticas distintas, la del movimiento City Beautiful y la del CIAM, se hace explícita en el documento. Por un lado, se mencionan proyectos emblemáticos como The Mall en Washington DC, asociado a los planteamientos monumentales del City Beautiful impulsados por Charles L’Enfant y posteriormente reformulados por Daniel Burnham; por otro, se alude a Chandigarh, planificada por Le Corbusier bajo los principios del urbanismo moderno promovido por los CIAM (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 2). Esta superposición también aparece cuando, en el apartado “Circulación”, se cita la publicación derivada del CIAM 8, evidenciando cómo en el proyecto coexistían referencias provenientes de corrientes urbanísticas conceptualmente diferentes:

El soberano del Centro Cívico debe serlo el peatón, y de ninguna manera el vehículo motorizado, principio básico que consagran Le Corbusier, Sert, Gropius y otros eminentes urbanistas en el libro “El Corazón de la Ciudad” (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 7).

Esto permite afirmar que, aunque este Centro Cívico no partiera de una tabula rasa en sentido estricto, resignificaría el centro histórico josefino mediante el uso de nuevos principios urbanísticos y la demolición o conservación de edificios según intereses políticos (Vives, 2018, pp. 79-80).

Por último, el tercer complejo, al final del “majestuoso Paseo Independencia” (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 5), estaría destinado para el complejo del Poder Judicial. Este proyecto ya había sido definido con anterioridad a esta propuesta de Centro Cívico, por lo que en el anteproyecto únicamente se reproduce su ubicación en el plano general y se insinúa como espacio integrado (Jenkins Dobles et al., 1956, p. 5). El complejo correspondía a los nuevos edificios de los Tribunales de Justicia, cuyo diseño había sido desarrollado algunos años antes por arquitectos vinculados al aparato estatal, Eugenio Gordienko Orlich y Hernán Arguedas Salas y cuya construcción se inició a comienzos de la década del sesenta en los terrenos situados al sur del Parque Nacional, sobre el eje de la calle 17.

Existieron situaciones que obstaculizaron la ejecución de esta propuesta, las cuales giraron en torno a la agencia que tenían las instituciones autónomas de decidir o no su traslado a estos terrenos^[6] y al reconocimiento público del valor patrimonial de algunos de los edificios que se planteó demoler. Así mismo, durante el gobierno de Mario Echandi Jiménez (1958-1962), del Partido Unión Nacional, se perdió el apoyo al proyecto.

Segunda propuesta: del conjunto al edificio

La segunda propuesta de Centro Cívico para San José fue presentada en 1964. Esta vez, el proyecto contaba con un gran apoyo por parte del presidente Francisco J. Orlich (Bonilla, 2021, p. 417), del Partido Liberación Nacional. El equipo de profesionales cambió con el reemplazo de Gordienko Orlich y Rojas Brenes por Carlos Vinocour Granados y Leonardo Silva King, ambos arquitectos. Esta propuesta mantuvo el emplazamiento de la primera, pero con un diseño completamente distinto. A primera vista, llama la atención el incremento tanto en la cantidad de edificios como en los detalles formales del conjunto (Figura 6). Mientras que el anteproyecto de 1955-1956 se presentaba como un esquema general de organización espacial, la propuesta de 1964 introdujo una definición programática más precisa, en la que se multiplican los volúmenes edilicios y se diversifican las instituciones contempladas dentro del complejo.

Cabe destacar que el tercer complejo de la primera propuesta, dedicado al Poder Judicial, se mantuvo como tal, pues ya se encontraba en proceso de construcción; de hecho, como se señaló anteriormente, los edificios en el plano corresponden con los que se inauguraron en 1966. Frente a este complejo, se planteaba un nuevo edificio para el Archivo Nacional y la demolición del Cuartel Bellavista para construir un Museo^[7]. Sin embargo, en vez de dos complejos frente al Parque Nacional y el Parque España, esta propuesta plantea sólo uno (Figura 7), en el plano se destacó con una textura cuadriculada, en el cual los edificios estarían dispuestos en ángulos irregulares, y, en conjunto, delimitarían los espacios más característicos de esta propuesta: sus cuatro explanadas públicas como lugares en los que se buscaba hacer morar los poderes políticos y los movimientos ciudadanos.

La primera explanada sería la Plaza de los Poderes, que intervendría el Parque Nacional. Esta incluiría un pequeño parque en donde se mantendría el Monumento Nacional y estaría enmarcada entre la Casa Presidencial, un edificio ministerial, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y un nuevo Auditorio Nacional. La segunda sería la Terraza Presidencial, que contaría con un obelisco y estaría enmarcada por la Casa Presidencial, los edificios para Ministerios y por un Paraninfo. Frente a ésta, estaría la tercera explanada, nombrada Terraza de los Ministerios que, como su nombre indica, estaría enmarcada completamente por los edificios ministeriales: Ministerio de Educación y Trabajo, de Gobernación y Policía, de Agricultura y Ganadería y otros que no se especifican.

La cuarta explanada no se rotula en el plano, sin embargo, la perspectiva (Figura 8) muestra un espacio en el extremo noroeste del conjunto delimitado por lo que serían edificaciones para instituciones autónomas, que en el primer proyecto no formarían parte del Centro Cívico. Al norte de la misma estaría un nuevo edificio para el INVU, institución encargada de la propuesta misma. Este edificio es el único del cual se tiene planimetría específica (Figura 9) y es desde el cual se escoge el punto de vista para la perspectiva.

En esta propuesta tampoco se menciona la destrucción de algunos de los edificios de la época liberal, aunque se demolerían el Cuartel Bellavista y la Fábrica Nacional de Licores, y también presenta inconsistencias planimétricas: el Paraninfo se nombra también como Auditorio en el plano de detalle, algunos edificios desaparecen entre plano de detalle y general, y la perspectiva tiene una escala inconsistente.

En síntesis, la segunda propuesta de Centro Cívico cuenta con el diseño aún más particular: por un lado, plantea una disposición irregular de sus edificios, los cuales, contrario a las configuraciones geométricas del City Beautiful y el CIAM, no parecen emplazarse jerárquicamente entre sí, con ejes visuales claramente definidos, pudiendo hacer una representación más fidedigna de un complejo multipolar y, por ende, democrático. De hecho, puede decirse que ésta es la única propuesta de Centro Cívico con influencias del CIAM en la cual los edificios no están dispuestos de manera ortogonal. Por otro lado, sí da una clara continuidad a los principios del CIAM 8 al brindar espacios de congregación pública y pasos elevados que evitarían el contacto peatón-automóvil.

Al igual que la primera, esta propuesta fracasó en su ejecución. Nuevamente, la planificación chocaría con los planes de algunas instituciones autónomas y la complejidad que significaba el plantear la demolición o remodelación de elementos urbanos con gran arraigo en la memoria colectiva. Se mencionan, como otros sucesos influyentes, las erupciones del volcán Irazú entre 1963 y 1965, y las dificultades para obtener financiamiento durante el segundo mandato oficial de Figueres Ferrer (1970-1974) (Bonilla, 2021, p. 434).

Tercera propuesta: la última utopía del desarrollismo

A partir de la década del setenta, otras instituciones como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), y especialmente la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica (OFIPLAN) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) comenzaron a cuestionar los proyectos e intervenir en funciones que originalmente ejercía el INVU. Estas consideraban que un plan para toda el área metropolitana ayudaría a resolver una gran cantidad de problemas que un Centro Cívico, como proyecto aislado, no atendía (Bonilla, 2021, p. 431). Por ello, esta propuesta sólo fue viable como parte de un plan integral de renovación urbana, diseñado por Jenkins Dobles, en colaboración con los arquitectos Álvaro Dobles Rodríguez, Warnes Sequeira Ramírez y Álvaro Balma Sibaja, y los ingenieros José Antonio Vargas Villate y Carlos Saborío Alvarado. Cabe destacar que este plan fue realizado durante el mandato de Daniel Oduber Quirós (1974-1978), también del Partido Liberación Nacional.

Se tituló Centro Cívico Nacional y Anillo de Renovación Urbana de San José, y se presentó como un producto editorializado, en formato de libro, en el que se dispusieron textos, fotografías, planos, perspectivas y fotografías de maquetas (Figura 10). Éste presenta grandes similitudes con el plan de Solow de 1948: se describe a San José como un espacio caótico que crece sin dirección para luego proponer una solución técnica de carácter ordenador y civilizador (Jenkins Dobles y Dobles, 1977, pp. 4-6). En esta propuesta, la más compleja de todas, se definieron siete zonas conformadoras del Anillo de Renovación: la Zona 2 corresponde a la tercera propuesta de Centro Cívico para San José (Figura 11).

Este se extendería, al este, ahora hasta el terreno de la Antigua Aduana, y contaría con 35 componentes distintos, manteniendo algunos de los edificios de la época liberal como el Edificio Metálico, la Casa Amarilla y el Cuartel Bellavista, e incorporando los edificios de reciente construcción en la zona; es decir, los del Instituto Nacional de Seguros (1974), la Biblioteca Nacional (1971) y el complejo del Poder Judicial (1966). A pesar de esto, se construirían al menos 25 nuevas edificaciones.

La característica principal de esta propuesta es que no modifica los parques de la época liberal: Morazán, España y Nacional. A pesar de esto, el Parque Nacional funcionaría como “el centro de gravedad del conjunto cívico” (Jenkins Dobles y Dobles, 1977, p. 18), dada su importancia simbólica para la construcción del imaginario nacional, alrededor del cual se organizarían los tres complejos que lo conformarían: noroeste-oeste, norte-noreste y sur.

Se inicia describiendo el complejo noroeste-oeste, que abarcaría desde el Parque Morazán hasta el Parque Nacional: se plantea reutilizar el primero como escenario para conciertos, manteniendo su característico Templo de Música y convirtiendo el Paseo de las Damas en una calle peatonal. La zona entre ambos parques estaría destinada a actividades culturales y turísticas, propias de la agenda socialdemócrata promovida por el gobierno (Contreras Castro, 2012): contaría con un “Centro Comercial de moderna concepción y diseño” (Jenkins Dobles y Dobles, 1977, p. 17); un edificio para las instalaciones del Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores; un Centro de Convenciones y un Centro de Artesanía, en el Edificio Metálico; un edificio para la Cinemateca y la Compañía Nacional de Teatro; una nueva Biblioteca Pública que se conectaría mediante un paso elevado con la ya construida Biblioteca Nacional; y un edificio para el Ministerio de la Presidencia (Jenkins Dobles y Dobles, 1977, pp. 17-18).

Por otro lado, en el complejo norte-noreste se construiría, “en un sitio alto de excelente vista” una nueva Casa Presidencial (Jenkins Dobles y Dobles, 1977, p. 18), “evocadora de la época colonial y protegida por amplios jardines” (Jenkins Dobles y Dobles, 1977, p. 18). A un costado de ésta, se conformaría un nuevo y extenso complejo ministerial y de instituciones autónomas que contaría con un Auditorio Nacional y utilizaría la Estación del Ferrocarril al Atlántico para un Museo de Bellas Artes. Cabe destacar que en las propuestas anteriores esta zona sólo se había considerado como terrenos posibles a futuras expansiones.

Por último, en el complejo sur se mantendrían los edificios del Poder Judicial; frente a éste, en el Cuartel Bellavista, se mantendría un museo que actualmente funciona como Museo Nacional, y en su costado se ubicaría un Centro de Información. Las manzanas al sur del Parque Nacional estarían ocupadas por un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa y la Contraloría General, que debía contar con “una hermosa fuente, un emblema escultural u obelisco, jardineras y arborización selectiva” (Jenkins Dobles y Dobles, 1977, p. 18), y una Plaza Cívica “expresión democrática de nuestra idiosincrasia, donde podrán realizarse ceremonias y desfiles y otras expresiones” (Jenkins Dobles y Dobles, 1977, p. 18); frente a éstas se ubicaría el Tribunal Supremo de Elecciones.

Éste es uno de los más ambiciosos planes de renovación urbana diseñados para San José, comparable con proyectos contemporáneos de regeneración y recuperación urbana. Al mismo tiempo, es el que recupera de manera más directa los lenguajes utilizados por el CIAM a 19 años de haberse disuelto dicho Congreso, y cuando sus principios estaban ampliamente criticados en el escenario internacional (Mumford, 2000). Esta propuesta tampoco se logró concretar y, a partir de la década del ochenta, en un contexto marcado por la profunda crisis económica de 1980 a 1982, la idea de un Centro Cívico pierde fuerza como conjunto urbano (Bonilla, 2021, p. 437)^[8]. En su lugar, la expansión institucional del Estado comenzó a resolverse de manera fragmentada, mediante la construcción o el alquiler de edificios aislados en distintos puntos de la ciudad, lo que diluyó la aspiración de concentrar los poderes públicos en un único complejo cívico.

Conclusiones: Estado, espacio y poder

A mediados del siglo XX, en América Latina, es posible identificar un número considerable de proyectos arquitectónicos y urbanos que buscaron afianzar ideologías, legitimar nuevos regímenes políticos o proyectar una imagen de estabilidad y progreso frente a contextos conflictivos. En este marco, la infraestructura pública y la arquitectura institucional operaron como dispositivos de visibilización del poder. Los centros cívicos constituyeron una de las tipologías más representativas de este proceso. Ejemplos regionales, como el Centro Cívico de Ciudad de Guatemala de 1954 (Fuentes Padilla, 2011), estuvieron vinculados a la expansión institucional del Estado e ilustran cómo la concentración de funciones gubernamentales, la monumentalidad arquitectónica y la organización planificada del espacio urbano fueron utilizadas para materializar nuevas formas de autoridad.

Las tres propuestas de Centros Cívicos de San José analizadas, que aparecen entre 1956 y 1977, evidencian, precisamente, ese estrecho vínculo entre Estado, espacio y poder. Más allá de responder a la necesidad funcional de concentrar las instituciones surgidas con la expansión del aparato estatal, estas iniciativas buscaban producir un escenario capaz de hacer visible la destreza técnica, la autoridad política y la nueva escala administrativa del Estado desarrollista. La agrupación de ministerios, instituciones autónomas y empresas estatales expresaba el crecimiento de la burocracia pública, al tiempo que proyectaba sobre la ciudad una imagen pacífica, ordenada y moderna del poder político, especialmente en el contexto posterior a la Guerra Civil de 1948, la instauración de la Segunda República y las reformas institucionales que la acompañaron.

Los proyectos de Centro Cívico funcionaron, también, como laboratorios de experimentación urbanística y arquitectónica. En ellos convergieron influencias diversas: por un lado, la tradición monumental del movimiento City Beautiful, visible, aunque de manera más limitada, en el recurso a parques y avenidas como elementos de ordenamiento urbano; por otro, los postulados funcionalistas de zonificación y eficiencia circulatoria promovidos por los CIAM. Las propuestas buscaron articular las demandas programáticas del Estado con las aspiraciones de progreso y modernización que marcaron gran parte de la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica y en América Latina. Las transformaciones sucesivas de los proyectos, visibles en sus ajustes conceptuales y espaciales, reflejan tanto la consolidación de un urbanismo moderno en el país como las dinámicas cambiantes de una ciudad capital en permanente reconfiguración.

El hecho de que estas iniciativas no llegaran a materializarse plenamente también revela las tensiones que acompañaron la traducción local de estos modelos urbanísticos. Las limitaciones económicas, las disputas institucionales y las resistencias sociales condicionaron la viabilidad de proyectos concebidos bajo paradigmas globales de planificación. Sin embargo, los intentos de construir un corazón para el Estado desarrollista dejaron una huella significativa en la imaginación urbana de San José. En este sentido, el Centro Cívico ofrece un importante material interpretativo para comprender la historia de los espacios de representación del poder en la ciudad, donde las aspiraciones de modernización, las formas arquitectónicas y las imaginaciones políticas se entrelazan y adquieren nuevos significados tanto simbólicos como materiales (Gorelik, 2003).

… Un anhelo recurrente

La idea de crear una Ciudad Gobierno ha ganado relevancia en los últimos 10 años, tanto por la necesidad de centralizar las instituciones gubernamentales como por la urgencia de reducir los costos derivados del arrendamiento de edificios privados, inquietudes heredadas de las propuestas de Centro Cívico. En 2016, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), del Partido Acción Ciudadana, se dieron los primeros intentos formales de impulsar esta idea bajo un decreto de Interés Nacional, y en 2021, bajo la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), del mismo partido, la firma transnacional de diseño y arquitectura Gensler, fundada en California, Estados Unidos de Norteamérica, con una oficina regional en Costa Rica, desarrolló un estudio de viabilidad del proyecto que lo concibió como un espacio corporativo y empresarial de renovación urbana en el sureste de San José. Este proyecto conformaría un tercer nodo cívico, esta vez para el siglo XXI.

En 2023, bajo el gobierno de Rodrigo Chaves Robles (2022-2026), del Partido Progreso Social Democrático, con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en colaboración con el CFIA, se promovió un concurso para seleccionar una propuesta de implementación definitiva. El estudio de arquitectura venezolano Micucci Arquitectos Asociados fue elegido ganador. Su proyecto, titulado Parque Cívico Metropolitano, plantea “un manejo responsable de los recursos, promoviendo un nuevo espacio cívico” (Micucci Arquitectos Asociados, 2022). El diseño, de más de 200 mil metros cuadrados, propuso una macro-manzana dividida en tres bloques que albergaría edificios verticales para 18 ministerios e instituciones gubernamentales, además de incluir negocios, estacionamientos, corredores verdes, espacios públicos y nuevos nodos de movilidad.

No obstante, dicha iniciativa puede ser considerada, desde una perspectiva crítica, como un afianzamiento de los procesos neoliberales de gentrificación que recientemente han transformado varios barrios de San José, como el Barrio Amón y el Barrio Escalante (Vargas-Vargas y Madrigal-Tellini, 2018). Con la creación de una Ciudad Gobierno, la zona sureste de la ciudad, históricamente residencial e industrial y de carácter popular, podría estar expuesta a crecientes presiones inmobiliarias y a la revalorización de terrenos conexos al proyecto. No es trivial recordar que este tipo de proyectos de gran escala, cuando no incorporan medidas adecuadas de contención económica y social, suelen implicar el desplazamiento de comunidades locales y la atracción de población con mayores capitales económicos. Estos procesos erosionan el tejido social, transforman las dinámicas de la vida urbana y, al mismo tiempo, restringen el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables ■

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NOTAS

^[1]              Este trabajo se enmarca en el seminario de graduación “Experimentaciones sobre un archivo de arquitectura y ciudad: el Centro Cívico de San José (1956-1978)” (2024), realizado por Gustavo Alemán Calero, Jesús Rivera Pérez y Julissa Santamaría Cubero, bajo la dirección de Luis Durán Segura, José Vargas Hidalgo y Natalia Solano-Meza en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica.

^[2]              El Partido Liberación Nacional (PLN) es una agrupación política costarricense fundada en 1951 por José Figueres Ferrer tras la Guerra Civil de 1948. Durante la segunda mitad del siglo XX se constituyó en una de las principales fuerzas políticas del país, impulsando el modelo de Estado social y desarrollista de la Segunda República, caracterizado por la expansión de la institucionalidad pública, la planificación estatal, la inversión en infraestructura, la promoción de la industrialización y la ampliación de políticas sociales en ámbitos como salud, educación, vivienda y energía.

^[3]              Existen diversos estudios académicos de relevancia sobre el Centro Cívico. Los trabajos de Ileana Vives (2018), desde la perspectiva arquitectónica y de Marcela Muñoz (2017), desde el ámbito jurídico-patrimonial, ofrecen aproximaciones valiosas a las distintas propuestas desarrolladas en torno a este proyecto. Sin embargo, el trabajo de Alejandro Bonilla (2021) presenta el análisis más completo, profundizando en el Centro Cívico como una manifestación del urbanismo costarricense y de un conjunto de redes transnacionales de cooperación técnica que lo impactan. Además, Bonilla brinda valiosas informaciones contextuales, especialmente históricas, políticas, culturales y sociales, que son retomadas para el análisis acá propuesto.

^[4]              El City Beautiful movement fue una tendencia de reforma urbana y arquitectónica surgida en Estados Unidos de Norteamérica a finales del siglo XIX y principios del XX con el objetivo de combatir la congestión industrial mediante el embellecimiento, la arquitectura monumental, los parques y grandes bulevares, buscando fomentar la moral cívica y mejorar la calidad de vida (Wilson, 1989).

^[5]              Curiosamente, dicho edificio funcionó como sede principal de la Asamblea Legislativa desde 1958 hasta octubre del 2020. Entre 2018 y 2020 se construyó, en el terreno a su oeste, delimitado en el plano con un rectángulo, su sede actual.

^[6]              En Costa Rica, las instituciones autónomas son entidades públicas con independencia administrativa y presupuestaria respecto del Poder Ejecutivo. Muchas de ellas fueron creadas durante la consolidación del Estado social en el siglo XX y desempeñan funciones estratégicas en sectores como energía, seguros, telecomunicaciones o vivienda.

^[7]              Para un análisis sobre las discusiones que permitieron mantener en pie el Cuartel Bellavista, ver Un Centro Cívico o el réquiem del patrimonio urbano costarricense de Marcela Muñoz (2017). Tras la abolición del ejército, el antiguo Cuartel Bellavista fue transformado en el Museo Nacional de Costa Rica en 1949. La reutilización del edificio simbolizó el tránsito hacia un nuevo orden político civil y la redefinición de antiguos espacios militares dentro de la memoria pública del país.

^[8]              El aumento del precio del petróleo, la recesión internacional y el alza de las tasas de interés encarecieron el servicio de la deuda externa, mientras que la caída de los ingresos por exportaciones agrícolas y los desequilibrios fiscales acumulados agravaron la situación. La crisis derivó en la moratoria de la deuda en 1981 y en fuertes restricciones del gasto público, reduciendo significativamente la capacidad del Estado para impulsar grandes proyectos de infraestructura.

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REFERENCIAS

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INFORMACIÓN PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

Alemán Calero, Gustavo y Durán Segura, Luis (Noviembre 2025-Abril 2026). El corazón del Estado desarrollista. Un Centro Cívico para San José, Costa Rica (1955-1977). [En línea]. AREA, 32(1). https://doi.org/10.62166/area.32.1.3934